Muchas
de las tierras y propiedades que los desplazados dejaron atrás en Montes de
María ahora aparecen registradas a nombre de otros. El panorama nacional y
regional de las modalidades de despojo a través de las cuales actores legales e
ilegales se están quedando con tierras de campesinos es infinito.
 |
| Montes de María |
La
región de los Montes de María, conformada por 15 municipios pertenecientes a
los departamentos de Bolívar y Sucre en la región Caribe colombiana, ha sido
escenario desde hace más de 40 años de luchas por la posesión de la tierra
entre millares de campesinos y sus familias humildes y los grandes
terratenientes, grupos armados al margen de la ley (guerrilleros y
paramilitares), enérgicos y poderosos empresarios y narcotraficantes.
Por
tratarse de una región estratégica como corredor para el tráfico de armas y
drogas ha hecho que esta confrontación no sea gratuita, así también como el
tema de la minería, que hace que Montes de María sea un lugar atractivo para
que muchas personas y empresas quieran apoderarse de las tierras,
lamentablemente a cualquier costo.
“Me vende o…”
Esta
frase se ha convertido en uno de los instrumentos para la apropiación ilegal de
tierras en Montes de María y Colombia.
Como
esta amenaza, que en algunos casos se han convertido en realidad, muchos
campesinos han sido obligados a entregar sus tierras por algunos pesos, que en
ocasiones no alcanzan a recibir.
Durante
los últimos 10 años los campesinos montemarianos han sufrido una especie de
“combinación” de tres mecanismos siniestros por parte de quienes quieren
apoderarse ilegalmente de sus tierras.
El
funcionamiento de esta “maquinaria criminal” que según investigaciones
realizadas por las autoridades primero
se dedicó a cometer múltiples masacres que dejaron centenares de muertos y
miles de familias desplazadas; segundo se
habría dedicado a comprar a muy bajo precio las tierras abandonadas por los
campesinos tras las matanzas y por último (tercero)
se está investigando el grado de sofisticación de esta “maquinaria”, que por medio
de fiducias legalizaron las propiedades adquiridas con métodos muy
cuestionables.
En
Montes de María se perpetraron alrededor de 50 masacres entre 1996 y 2005, que
dejaron por lo menos 332 personas asesinadas. Paralelamente estas matanzas
obligaron el desplazamiento forzado de más de 143 mil campesinos, que después
de abandonar sus tierras huyeron y entraron a hacer parte del cordón de miseria
en las grandes ciudades: Cartagena, Barranquilla, Sincelejo y hasta
Bogotá.
Después
de esta etapa de terror y dolor, muchas personas y familias adineradas
decidieron comprar a precios bajos estos terrenos despojados por los grupos
armados ilegales, incluso a pesar de que muchas propiedades contaban con
medidas cautelares que prohibían su venta por tratarse de tierras entregadas en
los años 60 y 70 por el antiguo Incora.
Muchos
campesinos reclamantes de tierras en Montes de María han sido amenazados y
asesinados por manos oscuras que quieren impedir el retorno de las familias
campesinas a sus territorios.
Según
la Oficina de Prensa de la Presidencia de la República, el Gobierno Nacional
está ofreciendo millonarias recompensas para capturar a quienes amenazan a
estos reclamantes.
 |
Día a día el campesino montemariano hace sus
labores de campo.
|
Santos
indicó que ofrecer esas recompensas fue una medida adoptada en el Consejo de
Seguridad que realizó con autoridades locales y los altos mandos en Montería,
capital del departamento de Córdoba.
El
mandatario también aseguró que las autoridades ya tienen identificado de dónde
provienen las amenazas, explicando que algunas vienen de sectores de la
izquierda que temen perder sus banderas; otras de aliados de los antiguos
paramilitares y un tercer grupo de personas que dicen ser las dueñas de los
terrenos que se han reclamado.
Acciones que se están dando
Poco
a poco las instituciones del Estado han venido adelantando acciones con el fin
de mitigar un poco todo el sufrimiento que han padecido las comunidades
campesinas despojadas y desplazadas en los Montes de María. Es así como el 14 de junio de 2012 se registró la firma del Contrato de Operación y Funcionamiento
entre el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y 63 familias beneficiarias, lo
cual permitirá la entrega de $1.454.230.000 a la población desplazada del corregimiento
de El Salado en el
municipio de El Carmen de Bolívar.
Los recursos
entregados provienen de la articulación interinstitucional entre el INCODER, la
OIM y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
No hay comentarios:
Publicar un comentario